Brazil

El comercio electrónico está creciendo rápidamente en la Argentina y el Brasil y en ambos países la proporción de la población que participa en transacciones de comercio electrónico supera el promedio latinoamericano. Los dos países han establecido un marco jurídico para la protección de datos la reglamentación de Internet la protección de los consumidores la fiscalidad del comercio electrónico y los contratos y las firmas electrónicas. La Argentina y el Brasil también han presentado propuestas de negociación sobre el trato de las transacciones de comercio electrónico en los Acuerdos de la OMC y han incluido disposiciones sobre el comercio electrónico en sus acuerdos de libre comercio (ALC). Sin embargo las diferencias en la reglamentación interna del comercio electrónico y en las posiciones mantenidas en las negociaciones internacionales indican la existencia de enfoques normativos dispares que aumentarán la incertidumbre jurídica y por lo tanto limitarán la inversión en el sector y su expansión. Una excepción es la reglamentación sobre protección de datos en la que ambos países se basan en los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. La mejor manera que tendrían los dos países de entablar nuevas negociaciones sobre la convergencia normativa en el ámbito del comercio electrónico sería a través del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

E-commerce is growing rapidly in Argentina and Brazil and in both countries the share of the population participating in e-commerce transactions exceeds the Latin American average. Both countries have established a legal framework for data protection regulation of the internet consumer protection taxation of e-commerce and contracts and e-signatures. Argentina and Brazil also have submitted proposals for negotiations over the treatment of e-commerce transactions in WTO Agreements and included e-commerce provisions in free trade agreements (FTAs). However different approaches to internal regulation of e-commerce and differences in positions in international negotiations indicate diverging regulatory approaches that will increase legal uncertainty and thus constrain investments and market expansion in the sector. An exception is the regulation of data protection where both countries are following principles laid out in the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR). Further negotiations between the two countries over regulatory convergence for e-commerce could best be undertaken through the Southern Common Market (MERCOSUR).